En un discurso marcado por cuestionamientos a la labor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el caso Coral, presentó sus declaraciones finales ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Cáceres Silvestre, quien fuera el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), inició su intervención diferenciando el rol de los jueces y del de los fiscales, asegurando que su confianza reside en la ética del tribunal y no en la voluntad de la parte acusadora.
«Un culpable nunca querrá que se haga justicia; la justicia la quiere quien en su conciencia se sabe inocente. Al Ministerio Público lo que le interesa es ganar casos, pero el interés de hacer justicia es propio de los jueces», afirmó el alto oficial.
Crítica a la figura de asociación de malhechores
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la crítica a la falta de claridad en la imputación por asociación de malhechores. Cáceres señaló que el Ministerio Público no ha logrado identificar de manera diáfana la acusación que se le atribuye.
«Cinco años después, no sé todavía con quién me he complotado para subvertir alguna ley de la República Dominicana. No se me ha dicho con quién me puse de acuerdo, y estas juezas no han escuchado a una sola persona que testifique haber pactado conmigo para hacer algo incorrecto», cuestionó el general.
Defensa del estado de inocencia
El general enfatizó que el estado de inocencia es un derecho fundamental que protege al ciudadano del «abuso de poder del Estado» y garantiza que nadie sea condenado sin pruebas suficientes, concordantes y pertinentes.
Cáceres argumentó que la acusación se basa en hechos en los que el Ministerio Público no estuvo presente y que, por tanto, el tribunal ha tenido que realizar un esfuerzo de «reconstrucción histórica» basado en pruebas que, a su juicio, no han logrado destruir su presunción de inocencia.
El imputado lamentó el tiempo y los recursos invertidos en un proceso que considera carente de sustento fáctico.
«¿Es justo que, con una agenda tan cargada como la de los tribunales, se les exponga a pasar tanto tiempo sin que se logre establecer por qué una imputación está debidamente sustentada? De ninguna manera», concluyó.
El general dejó en manos de las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo la valoración de las pruebas y documentos presentados durante el juicio de fondo.
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