Bávaro, – El pasado domingo 30 de marzo, El Hoyo de Friusa, en Bávaro, se convirtió en el escenario de una multitudinaria marcha que abordó uno de los temas más candentes en la República Dominicana: la inmigración irregular.
Lo que comenzó como una manifestación en defensa del control fronterizo rápidamente dio paso a una reflexión incómoda que muchos prefieren evitar. Detrás de la creciente presencia de inmigrantes indocumentados no solo hay una frontera vulnerable ni la corrupción de las autoridades, sino también un modelo económico que se beneficia de esta situación, particularmente en el sector turístico.
La construcción de grandes obras en zonas turísticas como Bávaro y Punta Cana no solo ha transformado el paisaje, sino que también ha revelado una realidad sombría. Empresarios que priorizan la contratación de mano de obra migrante, a menudo en situación irregular, encuentran en esta práctica una forma de reducir costos operativos y evadir regulaciones laborales. Sin embargo, detrás de este modelo económico, que depende de la explotación de la mano de obra barata, se oculta una forma moderna de esclavitud que afecta a cientos de trabajadores haitianos.
La protesta en Friusa tuvo repercusiones inmediatas. El lunes siguiente a la marcha, las obras de construcción en Bávaro y Punta Cana amanecieron sin obreros haitianos, quienes decidieron entrar en huelga durante tres días. Esto afectó gravemente la productividad en el sector y causó pérdidas millonarias. Este paro dejó al descubierto las condiciones deplorables en las que viven muchos de los obreros haitianos que laboran en la construcción. Sin derechos laborales ni acceso a servicios de salud o seguridad social, los trabajadores se ven obligados a aceptar salarios miserables y jornadas extenuantes, en una situación de vulnerabilidad extrema.
La contratación de trabajadores haitianos en situación irregular infringe varias leyes claves del país, tales como la Ley General de Migración, la Ley No. 87-01 sobre la Seguridad Social, y el Código de Trabajo. Estas leyes establecen claramente la necesidad de un contrato formal, salarios justos y una proporción adecuada de trabajadores dominicanos y extranjeros. Sin embargo, los empresarios continúan ignorando estas normativas, sometiendo a los inmigrantes indocumentados a condiciones de trabajo que los dominicanos rechazan, y, a menudo, les niegan su pago al evadir sus responsabilidades legales.
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