La defensa de Daddy Yankee presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción de oposición a la que presentó Mireddys González en la que solicita al juez Anthony Cuevas Ramos que nombre un “administrador judicial” en las corporaciones El Cartel Récord Inc., y Los Cangris Inc.
El artista también calificó la solicitud de su aún esposa como un acto “temerario e, incluso, vergonzoso, pues denota desconocimiento de los principios básicos conceptos del derecho. Por ello, es indispensable corregir el récord”.
“La moción de la parte demandada obvia y denota desconocimiento de ciertos conceptos fundamentales que todo iniciado en la disciplina jurídica aprende en su primer semestre de su primer año en la Escuela de Derecho. Esto es, que cualquier solicitud de remedio que una persona solicita de un Tribunal de Justicia tiene que presentarse a través de una alegación que se conoce como el escrito de Demanda y de conformidad a lo dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009”, puntualizaron los abogados del reguetonero.
Indica el diario El Vocero que la defensa de artista reafirmó que “solicitar la designación de un administrador judicial o síndico en esta etapa procesal es totalmente improcedente”.
Se recuerda que la defensa de González radicó una moción en la que solicita que se nombre un “administrador judicial” que no tenga que ver con ella ni con Daddy Yankee con el propósito “de proteger los intereses de los acreedores, accionista y otras partes afectadas”.
Los abogados alegaron que hay un “empate” en la junta de directores que ha paralizado la toma de decisiones.
También denunciaron que pese a la sentencia emitida el 26 de diciembre en la que se dicta que cualquier tipo de transacción que sea mayor a 100 mil dólares deberá contar con la autorización de ambas partes, la parte demandante (Daddy Yankee) realizó transacciones por cuantías mayores “bajo el pretexto que era una decisión prudente”.
El pasado 17 de enero, la defensa del artista radicó una moción en la que solicitó al juez que emita una orden para evitar que se siga filtrando información y documentos confidenciales que, a su entender, solo buscan “hacerle daño”.
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