SD, 09 Diciembre 2022.
La iniciativa, de la autoría del vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, fue depositada en la Cámara Baja el pasado 15 de noviembre.
La pieza tiene como propósito aplicar el artículo III, sección 8, de la Convención Interamericana contra la Corrupciónprotegiendo a los funcionarios públicos y ciudadanos privados que cumplen su obligación de denunciar la corrupción.
El artículo 10, establece entre los mecanismos de protección, la confidencialidad sobre la identidad de quien presenta la información y el contenido de la misma, para lo cual consigna que en el caso de informaciónrecibida verbalmente, el funcionario que la reciba tendrá la obligación de presentar por escrito el contenido de la denuncia e identificar por separado a través de códigos de seguridad de los datos de la persona que la realiza.
El acápite d, del artículo 10 establece que “de ser necesario se solicitará a la Policía Nacional que brinde protección y seguridad al denunciante y sus familiares”.
El artículo 9, consigna que los denunciantes de buena fe gozarán de protección, según la gravedad de la amenaza. Los ámbitos de protección abarcarían, además de la confidencialidad, preservar los derechos del denunciante en el caso de ser empleado de carrera administrativa y que éste continúe gozando de todos los beneficios merecidos.
El empleado no podrá ser objeto de discriminación ni de vejámenes.
Fuente /DL.
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