Lo que parecía un rumor de redes sociales se convirtió en uno de los casos de violencia sexual más estremecedores de los últimos años en República Dominicana.
La publicación de un video en el que se observa a una joven de 21 años siendo abusada sexualmente por varios hombres en Villa González, provincia Santiago, desató una ola de indignación nacional y obligó a las autoridades a actuar con rapidez.
El hecho, ocurrido el 12 de marzo de 2025, había permanecido en silencio hasta que el material audiovisual comenzó a circular en distintas plataformas digitales a finales de agosto.
La víctima, que denunció haber sido drogada y abusada sin memoria de lo ocurrido, reconoció lo sucedido solo después de ver las imágenes. El registro gráfico, compartido de manera irresponsable en redes sociales, provocó protestas comunitarias en Villa González y reacciones airadas en todo el país, que exigieron castigos ejemplares.
La Policía Nacional y el Ministerio Público reaccionaron de inmediato. Seis hombres fueron detenidos en relación con el caso, algunos entregándose voluntariamente al saberse buscados.
Entre los arrestados figuran Edwin Manuel Castro Guzmán (alias «Guaro»), José Alfonso Rubiera Rodríguez («Fonso»), Yamir Fernando Pérez Toribio («Ferere»), Javier Eduardo Núñez Toribio («Bebé»), Oniel Rafael Pichardo Martínez («Contreras») y Delfry de Jesús Rodríguez («Yiyo»). Un séptimo sospechoso continúa prófugo, aunque ya identificado por las autoridades.
La Fiscalía de Santiago solicitó medidas de coerción ejemplares contra los seis detenidos. Pide 18 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público los acusa de violación sexual agravada, asociación de malhechores, intoxicación de la víctima y difusión de material sexual no consentido.
El expediente sostiene que la víctima fue sometida a un estado de indefensión y posteriormente ultrajada por varios agresores de manera sucesiva, lo que agrava la calificación del delito.
Según el Ministerio Público, la joven fue llevada a una residencia bajo engaño de que sería trasladada a un centro de salud, debido a que «se sentía indispuesta».
En esa residencia, ubicada en la comunidad La Javilla del referido municipio, fue que se consumó la violación sexual grupal, la cual fue grabada y luego difundida en plataformas digitales, refiere la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
La agresión sexual fue cometida en marzo de este 2025.
Investigan amiga
En paralelo, se conoció que las autoridades investigan a la joven que acompañaba a la víctima la noche de los hechos. Buscan determinar si actuó como simple testigo pasiva o si, por el contrario, tuvo algún grado de complicidad al facilitar la vulnerabilidad de su amiga.
Aunque no se han presentado cargos en su contra, el Ministerio Público mantiene abierta esa línea de investigación.
La defensa de los imputados, encabezada por Rómulo Sánchez, sostiene una versión diametralmente opuesta: asegura que lo ocurrido fue una «relación consensuada» y que cuentan con pruebas para demostrarlo.
Esta postura ha sido rechazada de plano por especialistas en derecho penal y colectivos feministas, quienes han subrayado que el consentimiento es imposible cuando la víctima se encuentra bajo los efectos de sustancias que anulan su voluntad.
Juristas han calificado el caso como «atroz» y consideran que podría configurarse no solo como violación en grupo, sino también como un acto de tortura y barbarie, lo que permitiría al tribunal imponer la pena máxima de hasta 30 años de prisión.
Argumentan que concurren múltiples agravantes: la vulnerabilidad de la víctima, el número de agresores, la premeditación al suministrar sustancias y la posterior humillación pública derivada de la grabación y difusión del hecho.
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