Será este jueves cuando el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago conozca la medida de coerción contra los 11 agentes de la Policía Nacional acusados de participar en la muerte de cinco hombres el pasado 10 de septiembre durante un supuesto operativo en una plaza comercial de La Barranquita, provincia Santiago.
El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los oficiales, a quienes se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. Los procesados fueron arrestados en el marco de una investigación encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la fiscal titular interina de Santiago, Quirsa Milagros Abreu, en cumplimiento de las instrucciones emitidas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Los imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los sargentos Sócrates Fidel Féliz Féliz y Hairo Mateo Morillo; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña. Todos estaban adscritos a distintos departamentos e investigaciones de la Policía Nacional en Santiago y forman parte del grupo que, según el expediente, participó directamente en la ejecución de los cinco hombres.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años. Todos resultaron gravemente heridos y fallecieron posteriormente mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Regional Universitario Doctor Cabral y Báez.
El expediente del Ministerio Público detalla que los agentes llegaron a la plaza comercial a bordo de tres vehículos, dos automóviles, un Mazda y un Honda Civic, y un Kia K5 del año 2013, y, sin mediar palabras, dispararon de manera indiscriminada contra las víctimas, según el testimonio de una persona que presenció los hechos y grabó parte del incidente con su teléfono móvil. Los investigadores señalan que, tras el ataque, los policías confiscaron el dispositivo del testigo, además de sustraer los DVR de los negocios cercanos, con el fin de borrar las evidencias y obstruir la investigación.
El documento judicial también indica que los acusados realizaron llamadas a los propietarios de algunos establecimientos cerrados, exigiéndoles que entregaran los equipos de grabación, los cuales posteriormente se llevaron. Estas acciones, según la Fiscalía, demuestran la intención de los imputados de alterar la escena del crimen y ocultar información clave sobre el operativo que terminó con la muerte de los cinco hombres.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario. La audiencia de conocimiento de medida de coerción será celebrada hoy jueves en la jurisdicción de atención permanente del Palacio de Justicia de Santiago, donde el órgano acusador presentará sus pruebas y argumentos para justificar la prisión preventiva.
Mientras tanto, familiares de las víctimas han pedido públicamente que se imponga la máxima sanción posible a los acusados y que se garantice justicia por lo que consideran una ejecución extrajudicial. El caso ha generado una fuerte conmoción en la provincia y en todo el país, reavivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial y la necesidad de reformas dentro de la institución del orden.
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