En los últimos días ha resurgido el debate sobre la posible eliminación de los incentivos fiscales y exoneraciones que han sido fundamentales para el crecimiento del turismo en República Dominicana.
Un nuevo proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados en esta primera legislatura del 2025 propone desmontar estos beneficios, lo que recuerda la propuesta de reforma fiscal presentada en octubre de 2024 por el Gobierno, que buscaba suprimir los mismos artículos y párrafos de la Ley 158-01 sobre incentivos al desarrollo del turismo.
Desde mi perspectiva, eliminar estos incentivos sería un grave error con consecuencias directas en el empleo, la inversión extranjera y el crecimiento económico de nuestro país. El turismo ha sido, y sigue siendo, la piedra angular del desarrollo nacional, representando cerca del 20 % del PIB y generando cientos de miles de empleos directos e indirectos.
No podemos poner en riesgo un sector que ha demostrado su capacidad de resiliencia y crecimiento, especialmente tras la crisis económica que dejó la pandemia.
Sí a regulación, no a eliminación
Ahora bien, si bien los incentivos han sido clave para atraer inversiones al sector, no podemos ignorar las distorsiones que se han producido en la aprobación de proyectos bajo el amparo de la Ley 158-01. Se ha denunciado en múltiples ocasiones que se han otorgado beneficios a inversiones que no cumplen con el espíritu de la norma y que no contribuyen al desarrollo turístico.
En ese sentido, la discusión no debería centrarse en eliminar los incentivos, sino en regular los procedimientos para su otorgamiento a través del Consejo de Fomento al Turismo (Confotur).
Es imprescindible que se establezcan mecanismos más rigurosos para garantizar que sólo los proyectos genuinamente turísticos puedan acceder a estos beneficios.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la ley siga siendo utilizada para favorecer inversiones que no aportan al sector y que desvirtúan el propósito original del marco legal.
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