El Ministerio Público recibirá el 40 % de los recursos provenientes de los bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio, luego de que el Senado aprobara ayer en segunda lectura una modificación al artículo 82 de la Ley 60-23, que regula la administración de estos activos.
La iniciativa adiciona un literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo mencionado, con el propósito de establecer un nuevo esquema para la distribución de los recursos obtenidos de esos bienes.
Con la modificación, los recursos serán destinado al Ministerio Público para la coordinación, ejecución y fortalecimiento de las acciones relacionadas con la prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar.
“Los párrafos I y II serán anexos al numeral 2 del artículo 82 de la Ley 60-23, y que, en lo adelante, establecerá que 40% será destinado al Ministerio Público”, subraya un comunicado del Senado.
El proyecto también dispone que el 60 % restante será distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones sectoriales competentes, conforme a sus atribuciones legales, programas y políticas públicas vinculadas a esa materia.
La normativa establece, además, que el Ministerio Público coordinará acciones con esas entidades para fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
Asimismo, señala que dentro de esas acciones tendrá carácter prioritario el apoyo a las casas de acogida para víctimas y a los centros de atención conductual dirigidos a hombres vinculados con conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio.
La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain, Lía Ynocencia Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez. El proyecto modifica la Ley 60-23, que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio.
Esa legislación también establece el funcionamiento del instituto encargado de administrar los bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio, así como la integración de su consejo directivo, presidido por el Ministerio de Hacienda.
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