El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la lectura íntegra de la sentencia en el proceso seguido contra Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y otros sentenciados por corrupción y lavado de activos.
El tribunal, presidido por la magistrada Gissell Méndez, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso, tras ponderar la complejidad del caso y la amplitud del debate del juicio oral, que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
A partir de la lectura o notificación de la sentencia comienza a correr el plazo para que los procesados, si así lo entienden, puedan recurrir en apelación la decisión.
En la causa fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
La magnitud del juicio se refleja también en el volumen probatorio producido durante los debates, que incluyó 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 pruebas periciales y 114 pruebas materiales, elementos cuya valoración individualizada debe quedar debidamente plasmada en la sentencia escrita.
El tribunal destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Trabajo en curso y ampliación del plazo
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
Señaló, además, que una vez concluidos esos apartados resulta necesario integrar el documento completo y realizar una revisión conjunta destinada a garantizar la coherencia interna, la congruencia y la suficiencia de la motivación judicial.
La decisión enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. No obstante, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
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