La tarde del sábado seis de diciembre, el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió a ser interrogado a la sede del Ministerio Público para responder ante las supuestas irregularidades cometidas en esa institución durante su gestión. Varias horas más tarde, justo antes que culminará ese día, se confirmó su arresto.
Durante los primeros minutos de la madrugada del jueves cinco de febrero, casi dos meses después, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron rechazar su recurso de apelación y mantener los 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción que pesa en su contra.
«Pretender que el plazo de la medida de coerción se límite exclusivamente a la duración de la parte preparatoria de la investigación, desnaturaliza la función de cautela procesal que la ley otorga a la prisión preventiva, cuándo ha sido validada por el constituyente como una herramienta legítima y ajustada al ordenamiento, siempre que no supere los plazos máximos establecidos por la norma», explicó Isis Muñiz, la jueza presidente del tribunal al momento de leer la motivación de la decisión.
Al igual que Hazim, seguirán guardando prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y de Najayo Mujeres Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Los arrestos domiciliarios
El tribunal también mantuvo el arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica como medida de coerción para imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, tras rechazar el recurso de apelación presentado por una de las partes querellantes, representado por Miguel Surun Hernández, quienes buscaban que esos tres pasaran a prisión preventiva, por igual.
MP: Todo el que participó en el entramado pasará por los tribunales
El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que el Ministerio Público se siente satisfecho por la decisión tomada por el tribunal al no variar las medidas de coerción interpuestas.
«Una vez más un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven estos procesos. Lo hemos dicho desde el día uno, la afectación que se ha hecho a Senasa es una situación calamitosa y sumamente grave», argumentó Camacho.
Al ser abordado por representantes de los medios de comunicación al terminar la audiencia, el mismo indicó que «pronto» se estarán dando los detalles de «Senasa 2.0» al tiempo que garantizó que «todo el que participó en el entramado pasará por los tribunales».
El caso
Según las investigaciones del Ministerio Público, este entramado operó entre los años 2020 y 2025, defraudando al Estado dominicano con una suma que supera los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que enfrenta el grupo incluyen coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
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