En rueda de prensa, el ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que el Ministerio Público recibió en mayo una solicitud de cooperación jurídica internacional para que fuera “inmovilizada o secuestrada” la aeronave modelo Dassault Falcon 900EX.
En la solicitud, según el canciller, se especificó que el objetivo era “realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos”.
“Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación de EE.UU. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional”, afirmó el jefe de la diplomacia dominicana.
Álvarez reiteró que han sido los tribunales “los que han verificado los méritos de la solicitud de secuestro del aeronave”. “El Ministerio Público tiene autonomía y estos son asuntos en los que el gobierno central no opina. Nosotros, el señor presidente y quien les habla, nos enteramos de esta solicitud cuando recibimos la nota formal que fue transmitida al Ministerio Público”, añadió.
“Una práctica criminal reincidente”
El ministro destacó que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento. “Lo cual es algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronave”, destacó.
En ese sentido, precisó: “El 22 de mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un tribunal nacional competente, que autorizó inmovilizar la aeronave en cuestión. En el día de hoy, 2 de septiembre, se recibió una nueva orden judicial autorizando la entrega de la aeronave al estado requirente, es decir, a EE.UU.”.
Según confirmó el Departamento de Justicia estadounidense, el avión fue incautado tras determinar que “su adquisición violaba las sanciones impuestas por ese país contra Caracas”.
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